El confinamiento obligatorio de los adultos mayores, una medida que no ha calado de la misma manera en toda la población.

El pasado 26 de Mayo de los corrientes, el gobierno nacional extendió la cuarentena obligatoria para las personas mayores de 70 años hasta el próximo 31 de agosto. A través del decreto 844, el Ministerio de Salud confirmó la medida por lo que deberán permanecer en sus hogares, llevando a cabo las normas de prevención y distanciamiento establecidas por las autoridades. Adicionalmente, se estableció que durante este mismo período, también deberán permanecer en aislamiento, las personas mayores de 60 años que residen en centros de larga estancia, permitiendo su salida en los términos y condiciones que defina el Ministerio de Salud, con el propósito de proteger su salud mental.

 

Entre algunas consecuencias de la medida, se encuentra el cierre de los Centros Vida, lugar de encuentro de muchos adultos mayores, donde normalmente se les brinda atención alimentaria, médica, psicosocial y física a los beneficiarios de dicho programa. Algunos municipios han logrado migrar su atención integral a los adultos mayores beneficiarios, a través de domicilios, permitiendo que la población mayor pueda seguir recibiendo las bondades de dicha atención, con evidentes medidas de precaución.

 

Dicha medida de confinamiento obligatorio, ha calado de diferentes maneras en  la población, en especial, aquella que es objeto de la misma.

 

Por un lado, se observa como para algunos, la medida es injusta y humillante, incluso lesiva de algunos derechos como la libertad de locomoción -derecho fundamental inherente al ser humano, cuya mínima manifestación consiste en la posibilidad de transitar libremente de un lugar a otro, dentro del territorio nacional-.

 

Este sentimiento generalizado en algunos, ha dado pié a un movimiento extendido en redes y medios de opinión como “La revolución de las canas”. Quienes manifiestan libremente, el deseo de recibir un trato igualitario al del resto de la población responsable jurídicamente, es decir, en términos generales a la población mayor de edad.

 

En ese sentido, lo pretendido por los adultos mayores inconformes con la medida adoptada por el gobierno nacional, no implica la consideración de un trato especial, sino, la mera condición de ser tratados de manera similar al resto de la población y no ser blanco de la incómoda compasión.

 

Por otro lado, están quienes ven en la medida adoptada por el gobierno nacional una adecuada medida de protección, empeñada en salvaguardar la vida de los más vulnerables al coronavirus, según las estadísticas mundiales. Lo que entonces, se debería tomar como un acto de solidaridad hacia nuestros adultos mayores.

 

Empero, vale tener en cuenta algunas reflexiones. ¿Que significado tiene la solidaridad, si esta no se define como el apoyo incondicional a una causa ajena? ¿Es acaso el aislamiento un causa generalizada de nuestros adultos mayores? ¿No son debidamente responsables y legalmente capaces nuestro adultos mayores, como para mantener una adecuada medida de prevención, igual que los demás miembros de la población para poder salir a la calle? ¿Existirá acaso una condición especial en los adultos mayores que impida que asuman una adecuada protección frente a las posibilidades de contagio?

 

Al parecer, para muchos la medida no ha sido de buen recibo, especialmente, para aquellos involucrados en su finalidad y sobre los cuales recaen directamente las consecuencias de la misma. Pues tratándose de personas mayores, aptos legalmente y visiblemente capaces, la medida puede calar de forma discriminatoria.

 

Ahora bien, mas allá de la reflexión y de los argumentos alrededor de la medida adoptada, es importante resaltar la necesidad que nuestros adultos mayores estén en las principales líneas de la agenda nacional. Colombia es un país que cuenta cada vez con mas adultos mayores, cuyos índices poblacionales según estadísticas oficiales,  van en aumento en torno a dicho segmento poblacional. Son ellos los forjadores de esta nación y su bienestar debe ser una prioridad para todos.

 

 

 

Jesús David Londoño Bedoya

Director Ejecutivo

Redes de Solidaridad

 

 

 

 

 

 

Perfil profesional:

 

Jesús David Londoño Bedoya

Abogado

Especialista en Alta Gerencia

Magíster en Derecho Administrativo

Doctorando en Derecho – Universidad Carlos III de Madrid